En nuestra edición de ayer, informamos en detalle sobre la fuga de dos peligrosos delincuentes, detenidos en la comisaría 10a, ubicada en Villa 9 de Julio. Simplemente aflojaron los herrumbrados barrotes del calabozo y, al salir, golpearon al agente que daba la voz de alarma. De acuerdo a la información, había 17 presos en el pequeño espacio. El riesgo de fuga había sido advertido desde abril, y la comisaría solicitó reiteradamente el traslado parcial de los alojados a la Dirección de Institutos Penales: la respuesta inveterada fue que carecían de lugar. Según fuentes policiales, hasta el lunes los detenidos en calabozos de seccionales sumaban 318, sin contar los arrestados por contravenciones.

Todo esto resulta ampliamente revelador de la dimensión de un problema que ha ocupado con frecuencia nuestros comentarios. Es decir, la falta de ámbitos para alojar con la debida seguridad -y humanidad- a las personas arrestadas. Cierto es que, en estos últimos años, algo se ha hecho para mejorar las instalaciones de las comisarías tucumanas. Pero es una mínima parte de lo que marca realmente la necesidad.

Tradicionalmente, la construcción de esas dependencias policiales ha constituido una de las obras más relegadas por los sucesivos presupuestos. Una prueba evidente es que la inmensa mayoría de ellas funciona en edificios que marcan verdaderos récords de vejez: hay varios que han superado con holgura el siglo desde su construcción. Si se le suma el enorme trajín de uso al que son sometidos, más las nulas -o muy escasas y esporádicas- reparaciones, no es raro que sus calabozos carezcan del marco mínimo de seguridad, de habitabilidad y de higiene razonablemente exigible. Y no es de extrañar que los presos allí alojados -como es el caso reciente- puedan fugarse con facilidad.

Ocurre que este tema es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra provincia, en materia de obras públicas. En múltiples editoriales y notas de columnistas, a través de los años, hemos subrayado la absoluta inconveniencia de que, por falta de espacio en el penal, los presos deban estar en las maltrechas seccionales; como también el hecho de que allí tengan que convivir los autores de delitos con los contraventores.

Es igualmente conocido que la Cárcel Penitenciaría, construida al final de la década de 1920, está completamente colapsada. Todo esto plantea con fuerza la necesidad de solucionar un asunto sobre cuyas derivaciones de todo tipo resultaría ocioso extenderse.

No es de nuestra competencia expresar la forma en que debe encararse una problemática de esa índole. Sin duda existen expertos en la materia, cuya colaboración debiera requerirse con urgencia, para diseñar un sistema moderno y razonable para el alojamiento de los delincuentes y contraventores de Tucumán. Obvio es decir que encarar exitosamente el asunto habrá de exigir gastos significativos. Pero es deber del Estado buscar los medios para financiarlos.

Bien se sabe que la seguridad figura, en los años recientes, en la primera línea de preocupaciones de la sociedad, y que desde el poder público se la proclama igualmente como prioritaria. Corresponde, entonces, darle en el Presupuesto la trascendencia que posee, aunque sea a costa de postergar otros trabajos que, aunque necesarios, pueden esperar. Como en tantos rubros, se hace indispensable implementar en este una adecuada e inteligente política de Estado. Ella -asistida, como decimos, por especialistas- debe comenzar por una visión exacta del problema y seguir con el diseño realista de las medidas que pueden enjugarlo, para ponerlas en práctica de inmediato. De otro modo, la grave cuestión no hará sino agravarse.